Es común escuchar frases como: ¡En el Ecuador no hay justicia! ¡Los derechos son sólo para los ricos! o simplemente referirse al edificio de la Corte Superior como 'el palacio de la moneda'. Y nadie se escandaliza por ello.
La Corte Constitucional del Ecuador, que empezó como tribunal, se jacta de una autoridad moral para resolver graves problemas nacionales que hoy en día son seriamente cuestionados, lo que pone en tela de duda su constitucionalidad.
Ejemplo de ello es el reciente episodio que la sacó del anonimato y la colocó como protagonista de la novela con mayor rating en sintonía a nivel nacional e internacional, tal fue el caso de la Cervecería Nacional, donde un grupo de trabajadores denunciaron un supuesto abuso laboral por parte de los dueños de la compañía (91 millones adeudados por utilidades), lo que provocó la clausura indefinida de la misma a cargo de la juez del juzgado de la niñez y la adolescencia de Guayaquil, Manuela Calva.
La trama, que provocó controversia entre los ciudadanos, empresarios y sobre todo magistrados, desencadenó una serie de elementos cruciales para las leyes que rigen la nación, debido que, luego del fallo a favor de la compañía, el asambleísta Galo Lara, trajo a la luz un revelador episodio de corrupción, por parte del actual Secretario de la Corte, Arturo Larrea Jijón, quién, según el asambleísta, recibió un cheque de 500 mil dólares a su nombre por supuesto encubrimiento de obligaciones laborales por parte de la institución, todo esto a través de su hermano, Alfredo Larrea Jijón , quien funge como abogado de la misma.
En el afán de tapar este escandaloso hecho, la Corte decidió dejar sin efecto el fallo, lo cual antes que desvirtuar la denuncia significa una implícita confirmación de la misma, lo que deja a la Constitución en entredicho -Precepto que nos rige desde 1830 y que con el pasar de los años se ha ido reformando “en pro” de nuestro bienestar, seguridad y beneficio-. Pero, ¿Qué objetivos son aquellos, si las leyes que la presiden son en base a intereses personales?
¿A qué estatutos nos debemos regir si quienes los promueven no lo hacen?
Según Alicia Arias, consultora en temas de democracia, transparencia, participación ciudadana, sociedad civil y Estado, y quien presta servicio actualmente en el Grupo Faro, considera que el Estado debe aportar y no temer por su trabajo.
Arias considera que las veedurías se reforzaron en la Constitución de Montecristi del 2008, pero ahora parece que estorban. "Hay un avance en la Constitución para el uso de estos mecanismos, lo que pasa es que, por un lado tenemos unos principios constitucionales que fomentan los mecanismos de transparencia y la participación ciudadana y por otro no sabemos los ciudadanos cómo ejercer esos mecanismos y el Estado tampoco", aseguró.
¿Será por ese desconocimiento que los ciudadanos hemos sido llamados, nuevamente, a las urnas en consulta popular? ¿O será simplemente que ni el propio Presidente confía en sus magistrados y prefiere la participación ciudadana?, ese, como el mencionado anteriormente, es otro de los actos tachados como INCOSTITUCIONAL por la Asamblea y la CC, debido al doble sentido con el cual están dirigidas las preguntas planteadas por el mandatario y por la falta de “cultura jurídica” al ser sometidas a votación del pueblo, cuando, según los asambleístas, debería ser debatido en el pleno. Finalmente, la Corte emitió su veredicto a favor de la consulta, llenando de júbilo y triunfo al jefe de Estado, lo que incrementó el número de opositores al Gobierno y dejó en entredicho la CONSTITUCIÒN…
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